El vicepresidente del directorio de Canal 10, Alejandro Laurnagaray, se despegó de la responsabilidad de no haber facturado la publicidad que emitió esa señal a favor del Partido Justicialista entre el 1 y el 20 de agosto de 2015, en plena contienda electoral.

“La vicepresidencia del canal representa al socio minoritario (la Provincia, con el 30% del paquete accionario), por lo cual, siendo justamente minoría en la Sapem, las decisiones sobre facturación no recaen en la vicepresidencia”, sostuvo, a través de un comunicado de prensa.

Ayer, LA GACETA había dado a conocer las conclusiones del sumario administrativo que se instruyó a fines de julio de este año en el Canal para deslindar responsabilidades de los empleados, según confirmó Héctor Matteo, apoderado legal de la empresa. La polémica se originó por 71.656 segundos de propaganda política -que equivalen a $ 3,6 millones- que recién fueron facturados y agregados en el balance un año después, cuando los hechos se conocieron públicamente. Por este escándalo, ya presentaron su renuncia los representantes mayoritarios por la Universidad Nacional de Tucumán, Mauro Feldman y Daniel Moeremans. La rectora, Alicia Bardón, aún no aceptó esas dimisiones. La UNT es dueña del 70% de las acciones del Canal.

Entre los testimonios recogidos en el sumario, empleados aseguran que Laurnagaray había agregado “manualmente” más publicidad que la pautada por el PJ. Esto es lo que generó a fin de aquel mes un desequilibrio entre lo pautado y lo que se emitió: una diferencia de más de 40.000 segundos de publicidad.

Sobre este punto, Laurnagaray, explicó en su comunicado que la “política comercial y publicitaria de Canal 10 es clara y obvia potestad del directorio de la empresa, el cual define, determina e instruye los pasos a seguir”. Según consta en la investigación interna, a Laurnagaray uno de los empleados le habría advertido que no se podía incorporar publicidad sin la autorización del área comercial.

LA GACETA intentó comunicarse para aclarar algunos puntos del comunicado, pero el vicepresidente dijo que por el momento no tenía nada más para agregar. De la misma manera, desde el Gobierno provincial tampoco han emitido declaraciones al respecto.

El caso ya llegó a la Justicia Federal, a partir de una denuncia por presunto fraude y otros delitos que inició el abogado Oscar López en contra de Laurnagaray y de Feldman. El primero fue señalado como quien cargó la publicidad y un año después se habría presentado en el área de Operaciones para preguntar si había posibilidades de borrar los datos del sistema (Squid). El segundo, que ejerce la presidencia todavía, sería el responsable económico financiero del directorio, según la propia distribución de tareas que hizo ese cuerpo. Feldman, se desempeñó hasta hace dos años como titular de la Cátedra de Auditoría de la UNT.

Interrogantes

Para acabar con “habladurías, chismes y dichos”, Laurnagaray expuso que la conclusión del sumario “determina claramente que ningún empleado ni directivo tuvo intención alguna de ocultar ni borrar ningún tipo de registro”. Y agregó que el “departamento comercial y administración contaba con el detalle de la totalidad de la publicidad emitida por el PJ desde fines de agosto de 2015, siendo esto conocido por el directorio”. Según Laurnagaray, el sumario aclara que no se intentó borrar registro alguno. Concluye en que los comentarios que han surgido a raíz de este tema fueron con “intenciones de dañar la imagen de integrantes del directorio y de la televisora, algo que debe procurar evitarse”.

Dicen que los fondos girados por el PE condicionan al canal

“La salud del Canal depende de cómo se comporten ellos (por el directorio) en este momento. La sociedad está pendiente y esto no va a resultar gratuito para la Provincia. Pedimos que se haga lo correcto”, reflexionó Raúl Ochoa, empleado de Canal 10 y secretario de finanzas del Sindicato (Satsaid) seccional Tucumán.

En los pasillos de la emisora las presuntas irregularidades en la difusión de la publicidad electoral se conocieron desde el mismo momento en que ocurrieron, según dijo Ochoa. Recordó que en agosto de 2015, uno de los empleados denunció ante los directores que representan a la UNT que el vicepresidente, Alejandro Laurnagaray, estaba cargando pauta del PJ de forma manual. Esto llevó a que entre febrero y marzo de este año los miembros del sindicato tomaran intervención y en una reunión con el directorio y plantearan lo sucedido. “Éramos 11 y estaban los tres directores. Se dijo que era responsabilidad del directorio y que se iba a solucionar. Además, agregaron que no habría problemas con ningún empleado”, relató Ochoa. “La sorpresa nuestra fue cuando comenzaron con el sumario administrativo”, agregó. Ese sumario fue el que se inició a fines de julio pasado, luego de otra denuncia en la que figuraba que Laurnagaray habría preguntado cómo se borraba el registro de la publicidad del sistema.

“El manejo interno del Canal tiene que ser a través de memorándum internos, pero al no existir los mandos medios, las órdenes llegan directamente de los directores a los empleados”, relató. Esta situación, según el dirigente, resultó estratégica y funcional a los intereses del directorio. “Nunca vi una utilización tan desmedida y grosera de los recursos del canal”, evaluó.

Puntos por resolver

Todavía queda un punto a resolver, advierte el delegado. “Si el PJ no abona la pauta publicitaria que adeuda de $3,6 millones, el canal deberá afrontar unos $860.000 en impuestos a la AFIP. Lo que significa una doble pérdida”, consideró. La publicidad en tiempos de campaña funciona como un “oxígeno” que recibe el canal y que le permite asumir gastos extras. “Hoy, el Gobierno aporta unos $ 850.000 del total de la planilla salarial, que es de $ 2 millones”, detalló Ochoa. El resto se cubre con el ingreso que llega de acuerdos publicitarios con Canal 13 y otros auspiciantes.

“Este porcentaje que depende del Gobierno es lo que ha venido condicionando la línea editorial”, reconoció. “A la UNT nunca le interesó el bienestar del canal como un medio de comunicación”, comentó. Sólo hay tres canales universitarios en el país, dijo, y tradicionalmente Canal 10 fue uno de los que gozó de mayor prestigio. “Lamentablemente, el equipamiento y la tecnología han quedado obsoletos”, resumió.